¿UTOPIA LEGAL O REAL? 97 MIL ABOGADOS EN EJERCICIO Y 82 MIL ESTUDIANTES DE DERECHO

El sueño de miles de jóvenes peruanos, interesados en consagrar su vida al estudio y cumplimiento de las normas y leyes, podría verse truncado de prosperar una iniciativa legislativa que, además de suspender el funcionamiento de nuevas facultades de Derecho en el país, contempla la supresión hasta por dos años de procesos de admisión en las instituciones educativas ya existentes.

Este proyecto de ley, en manos de la Comisión de Educación del Congreso, que preside Werner Cabrera Campos (Partido Nacionalista), fue presentado en agosto del 2009 por el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Si bien la propuesta original solo incluía la suspensión de autorizaciones para la creación y el funcionamiento de nuevas facultades de Derecho, la eliminación de la modalidad de educación a distancia para esta disciplina académica, y proponía la acreditación de calidad para la enseñanza en las facultades vigentes, fue en el seno del grupo de trabajo parlamentario donde se propuso agregar la supresión de procesos de admisión.

¿La causa? A la fecha existen más de 97,000 abogados en ejercicio y más de 82,000 estudiantes de Derecho, repartidos en casi medio centenar de centros de enseñanza.

“Aunque esta iniciativa nace de una preocupación fundada por lo que está ocurriendo en la enseñanza universitaria, podría estar afectando la libertad personal, en este caso educativa”, señaló Walter Albán, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de cuyos claustros egresan un promedio de 300 abogados al año.

Similar fue la posición de José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), para quien el número de facultades para esta carrera tampoco debería ser limitado por ley.

“Cada joven tiene derecho a elegir libremente qué estudiar y dónde. No se puede mejorar la calidad de la educación suprimiendo la competencia”, dijo.

Por su parte, Milber Ureña, director de acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau), y Fernando del Carpio, miembro del consejo directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), coincidieron en señalar que la vía más razonable para mejorar la calidad académica universitaria, ya sea en Derecho o en otras disciplinas, consiste en agilizar la acreditación y certificación de las facultades universitarias en todo el país.

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